Al concluir una misión de dos semanas a México, Guatemala y El Salvador, Gillian Triggs, Alta Comisionada Adjunta para la Protección del ACNUR, dijo que había visto “la tremenda tensión que sufre la región debido al aumento de los flujos de refugiados y migrantes”.
“Los gobiernos y la sociedad civil están realizando esfuerzos extraordinarios para abordar estos desafíos”, dijo.
Misión
En conversaciones con desplazados internos, solicitantes de asilo y refugiados, la Sra. Triggs escuchó historias de violencia sexual, amenazas de muerte y extorsión en comunidades controladas por bandas criminales.
Estas historias a menudo iban acompañadas de dificultades económicas y los efectos dañinos del cambio climático, que se han combinado para obligar a casi un millón de personas de El Salvador, Guatemala y Honduras a huir de sus hogares.
En Guatemala, el Alto Comisionado Auxiliar ayudó a lanzar un programa dirigido por el ACNUR y la secretaría del gobierno guatemalteco sobre violencia sexual, explotación y trata.
La nueva iniciativa cuenta con unidades móviles que llevarán información sobre derechos y servicios a donde las personas más los necesitan, previniendo estos delitos en áreas remotas del país.
En El Salvador, el alto funcionario del ACNUR aprendió sobre enfoques innovadores para prevenir la violencia y empoderar a los jóvenes en las comunidades en riesgo. También acogió con satisfacción el compromiso del país de reformar la forma en que se ha perfilado a los desplazados en el pasado.
“Crear las condiciones que hagan que las personas se sientan seguras y protegidas en sus hogares es un paso esencial para abordar las causas fundamentales que llevan a las personas a huir en esta región”, dijo.
El funcionario del ACNUR también visitó México, que puede superar las 100.000 nuevas solicitudes de asilo este año, rompiendo un nuevo récord. En los últimos años, el país pasó de ser predominantemente una nación de tránsito a un país de destino, para miles de solicitantes de asilo.
Necesidades de protección
El ACNUR continúa apoyando a los gobiernos para fortalecer los sistemas de asilo y protección. La agencia también ayuda a las personas a integrarse en sus países de asilo a través del empleo, la educación y la ayuda psicosocial. En México más de 12.000 personas se han beneficiado de estas iniciativas.
Triggs destacó la necesidad de que los estados brinden protección a los refugiados, pero también que ofrezcan vías migratorias regulares a través de la educación, la movilidad laboral, la unificación familiar y otros procesos de inmigración. “Diferentes necesidades requieren diferentes respuestas”, dijo.
Expresó su profunda preocupación por las recientes prácticas fronterizas restrictivas en la región que corren el riesgo de devolver a las personas y familias vulnerables a sus países de origen, citando a menudo necesidades de protección urgentes.
Para ella, las historias de familias expulsadas a Guatemala eran “especialmente preocupantes”.
“Sin salvaguardias, estas expulsiones pueden violar la prohibición internacional de regresar a la violencia y la persecución”, dijo.
El asilo como derecho
El ACNUR ha hecho un llamamiento al gobierno de los Estados Unidos para que ponga fin a las restricciones de asilo relacionadas con la salud pública del Título 42 bajo las cuales se están produciendo estas expulsiones. La agencia también ha pedido al país que restaure el derecho a solicitar asilo.
Según la Sra. Triggs, “todos los países han acordado compartir la responsabilidad de brindar protección a quienes huyen del peligro y la persecución, en lugar de cambiar ese deber”.
En este momento, seis países centroamericanos y México están trabajando en conjunto con el sector privado y la sociedad civil, con el apoyo de países donantes, bajo el Marco Regional de Protección y Soluciones, conocido como MIRPS.
El objetivo de la iniciativa, actualmente bajo el liderazgo de Guatemala, es abordar las causas y consecuencias del desplazamiento forzado en la región.