Michelle Bachelet participó en la primera mesa redonda entre sesiones sobre el derecho a la seguridad social organizada por el Consejo de Derechos Humanos.
El objetivo fue identificar desafíos y mejores prácticas, a través del debate entre los Estados Miembros, agencias de la ONU, órganos de tratados y la sociedad civil, entre otros.
Para la Sra. Bachelet, no podría haber un mejor momento para discutir la seguridad social y la protección social. Debido a la pandemia, solo en 2020 se han perdido 255 millones de puestos de trabajo.
“Las brechas en la cobertura de los sistemas de protección social y los inadecuados beneficios de protección social contribuyeron a las desigualdades que aceleraron y profundizaron los impactos del COVID-19”, dijo el Alto Comisionado.
Buenos ejemplos
La seguridad social facilita el acceso a la atención médica, protege a las personas contra la pobreza y garantiza los derechos económicos y sociales esenciales, incluidos la alimentación, el agua, la vivienda, la salud y la educación.
El Alto Comisionado cree que los Estados miembros “reconocieron claramente” la importancia de las redes de seguridad social el año pasado, cuando respondieron a la pandemia con medidas de protección sin precedentes para mitigar sus impactos sociales, económicos y sanitarios.
En el punto álgido de la crisis, desde Malawi hasta Perú, Filipinas, Finlandia y los Estados Unidos, los gobiernos ampliaron rápidamente sus programas de asistencia social.
Introdujeron nuevas transferencias de efectivo para muchas personas que normalmente están excluidas, incluidos los trabajadores informales, la mayoría de ellos mujeres y autónomos, que trabajan en la creciente ‘economía gig’ basada en aplicaciones.
En Argentina y Bolivia, por ejemplo, se utilizaron recursos para promover sistemas tributarios más progresivos, creando un espacio fiscal más amplio para la protección social.
“Pero muchas de esas medidas fueron temporales”, advirtió la Sra. Bachelet.“Y en todas las regiones, es necesario hacer mucho más para que el derecho a la seguridad social sea una realidad para todos”.
Ahora, argumentó, los Estados miembros deberían pasar de las medidas temporales y ad hoc de los primeros meses de la pandemia a políticas a más largo plazo.
Falta de cobertura
Según el Informe mundial sobre protección social de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más de la mitad de la población mundial no tiene actualmente cobertura de protección social.
Solo el 26% de los niños en todo el mundo reciben prestaciones de protección social y menos de la mitad de las mujeres con recién nacidos en todo el mundo reciben ayuda económica por maternidad. Solo alrededor del 30% de las personas con discapacidades graves reciben prestaciones por discapacidad.
La transición en curso hacia una economía verde y la introducción de nuevas tecnologías también están cambiando el panorama del trabajo, especialmente para los más desfavorecidos.
“La seguridad social es un conjunto de herramientas esencial para ayudar a los trabajadores a navegar estos cambios y genera una resistencia invaluable para la economía en general”, argumentó la Sra. Bachelet.
Para la Alta Comisionada, este tipo de protección no solo es “un derecho humano fundamental”, sino que también es “indispensable para el ejercicio de muchos otros derechos y necesaria para una vida digna”.
Trabajo en progreso
Renovar la solidaridad es una piedra angular de la Agenda Común del Secretario General, cuyo objetivo es combatir la desigualdad y orientar la forma en que el mundo puede recuperarse mejor de la pandemia.
Para la señora Bachelet, en este contexto, la cooperación internacional con los países menos desarrollados “es fundamental y beneficiará a todos”.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) está trabajando para promover los sistemas de protección social en todo el mundo, la priorización de los presupuestos de atención médica y una participación más amplia de los trabajadores de la salud y las comunidades en los esquemas de protección social.
“Los sistemas de protección social no son un drenaje de recursos: son una inversión invaluable en sociedades sólidas”, concluyó el Alto Comisionado.