La jefa de la delegación de tres miembros del organismo de prevención de la tortura de la ONU que visitó a principios de mes, Suzanne Jabbour, instó al país a “abandonar su decisión de desmantelar el mecanismo nacional de prevención de la tortura”.
También llamó a Brasil a “respetar sus compromisos internacionales de derechos humanos y consolidar sus recursos y esfuerzos para combatir la tortura”.
Privado de libertad
Brasil tiene más de 750.000 detenidos y muchas prisiones superpobladas, según la oficina de derechos humanos de la ONU, ACNUDH.
Durante su visita a la capital, Brasilia, la delegación del Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SPT), se reunió con la Ministra de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos, miembros del Parlamento, el Supremo Tribunal Federal y otros.
La delegación también sostuvo reuniones con el Mecanismo Nacional de Prevención Federal (MNPCT), el organismo de control de la prevención de la tortura del país, junto con sus pares en los cuatro estados donde opera, y representantes de la sociedad civil vinculados a la prevención de la tortura.
“Todas las autoridades superiores con las que nos reunimos estuvieron de acuerdo en que un mecanismo preventivo independiente y que funcione bien es absolutamente esencial, tanto a nivel federal como estatal”, dijo la Sra. Jabbour.
Debilitando el sistema
Según la experta de la ONU, los mecanismos preventivos de Brasil enfrentan “desafíos críticos”, pero aseguró que “a pesar de la falta de recursos y apoyo, están haciendo un trabajo notable”.
Se espera una decisión del Supremo Tribunal Federal en las próximas semanas para decidir sobre la legalidad de un Decreto Presidencial en 2019 que establece que se espera que los miembros del MNPCT trabajen de forma voluntaria, sin remuneración.
Además, la Administración decidió unilateralmente disminuir severamente el apoyo profesional y de secretaría para el mecanismo.
“Seguiremos interactuando con los mecanismos de prevención de Brasil y las autoridades, instituciones y sociedad civil relevantes y apoyaremos sus esfuerzos para establecer un sistema de monitoreo fuerte, funcional e independiente para prevenir la tortura en el país”, subrayó la Sra. Jabbour.
Obligaciones
Los Estados partes del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura (OPCAT) están obligados a establecer mecanismos preventivos nacionales funcionales e independientes.
Brasil estableció un sistema nacional de prevención de la tortura en 2013, pero solo cuatro de sus 26 estados han establecido un organismo que visita regularmente a las personas encarceladas para prevenir la tortura y los malos tratos, así como para cabildear por mejores condiciones.
Los expertos
Además de la Sra. Jabbour, la delegación del SPT estuvo integrada por Juan Pablo Vegas, Jefe del Equipo Regional del SPT para América Latina y Relator sobre Brasil; y Nora Sveaass, quien también visitó el país en 2015.
Los relatores especiales y los expertos independientes son designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de un país. Los cargos son honorarios y los expertos no son remunerados por su trabajo.