Pidieron a las autoridades que indaguen “las circunstancias y responsabilidades que rodean estas muertes, incluidos los exámenes forenses de los restos encontrados, y que procedan a la identificación y registro de los niños desaparecidos”.
“El poder judicial debe realizar investigaciones penales sobre todas las muertes sospechosas y las denuncias de tortura y violencia sexual contra niños, alojadas en escuelas residenciales, y enjuiciar y sancionar a los perpetradores y encubridores que aún puedan estar vivos”, dijeron los expertos.
Abusos flagrantes
Los restos de los niños fueron encontrados en la Escuela Residencial Indígena Kamloops, dirigida por la Iglesia Católica desde finales del siglo XIX hasta la década de 1960, que luego fue asumida por el gobierno federal y luego cerrada en la década de 1970.
Formaba parte del sistema escolar residencial indígena que, entre 1831 y 1996, acogió a más de 150.000 niños en 130 escuelas, muchas de ellas dirigidas por la Iglesia católica o el gobierno canadiense.
El informe de 2015 de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación de Canadá determinó que los niños aborígenes fueron sometidos a abuso, desnutrición y violación y que al menos 4,000 murieron de enfermedades, negligencia, accidentes o abuso mientras estaban en estas escuelas.
“Se han cometido violaciones de derechos humanos a gran escala contra niños pertenecientes a comunidades indígenas, es inconcebible que Canadá y la Santa Sede dejen esos atroces crímenes sin dar cuenta y sin una reparación completa”, dijeron los expertos de la ONU.
Además, pidieron al Gobierno que aplique plenamente las recomendaciones contenidas en el Informe de 2015.
“Durante demasiados años, las víctimas y sus familias han estado esperando justicia y reparación. Se debe buscar con urgencia la rendición de cuentas, la verdad integral y la reparación integral ”, subrayaron los expertos en derechos humanos.
Otras escuelas
Recordando el derecho de las víctimas a conocer todo el alcance de la verdad sobre las violaciones sufridas, los expertos de la ONU pidieron al Gobierno que lleve a cabo investigaciones similares en “todas las demás escuelas residenciales indígenas del país”.
También instaron a la Iglesia Católica a brindar “pleno acceso a las autoridades judiciales a los archivos de las escuelas residenciales administradas por la institución, a realizar investigaciones internas y judiciales rápidas y exhaustivas sobre estas denuncias ya divulgar públicamente el resultado de esas investigaciones”.
Los expertos han estado en contacto con Canadá y la Santa Sede, en relación con las instituciones.
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Los expertos independientes de la ONU son nombrados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de un país. No son personal de la ONU ni reciben remuneración por su trabajo.