Sheikha Latifa, hija del emir de Dubai y primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, fue secuestrada cuando intentaba huir del país en 2018. En febrero, se publicaron imágenes que, según los informes, mostraban que estaba privada de libertad contra su voluntad.
Expertas independientes en derechos, incluida la Relatora Especial de la ONU sobre la violencia contra la mujer, expresaron su preocupación porque desde el video de febrero y la posterior solicitud oficial de más información sobre su situación, “las autoridades no han proporcionado información concreta”.
“La declaración emitida por las autoridades de los Emiratos ‘simplemente indicando que estaba siendo’ atendida en casa ‘no es suficiente en esta etapa”, agregaron.
Los expertos en derechos también dijeron que estaban preocupados por las denuncias de violaciones de derechos humanos contra Sheikha Latifa y por la posible amenaza a su vida.
Evidencia de vida y bienestar ‘requerida con urgencia’
Según la información recibida, continúa privada de libertad, sin acceso al mundo exterior, agregaron, señalando que “su detención continua en régimen de incomunicación puede tener consecuencias físicas y psicológicas nocivas y puede constituir un trato cruel, inhumano o degradante”. .
“Se requieren con urgencia pruebas de vida y garantías sobre su bienestar”, instaron los expertos en derechos humanos, pidiendo una verificación independiente de las condiciones en las que se encuentra detenida Sheikha Latifa y su liberación inmediata.
Además de la Relatora Especial sobre violencia contra la mujer, el llamado fue realizado por los integrantes de los grupos de trabajo sobre desapariciones forzadas o involuntarias; y sobre discriminación contra mujeres y niñas; así como los Relatores Especiales sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; y sobre ejecución extrajudicial, sumaria o arbitraria.
Los Relatores Especiales y Grupos de Trabajo forman parte de lo que se conoce como Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos. Los expertos trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben salario. Son independientes de cualquier gobierno u organización y sirven a título individual.