vie. Mar 29th, 2024



Criticar públicamente a las autoridades ha provocado intimidación, restricciones de circulación y detenciones arbitrarias, mientras que algunos ciudadanos han sido acusados ​​de difamación y otros procesados ​​en virtud de las leyes de seguridad nacional.

Desde marzo de 2020 hasta abril de este año, el informe elaborado por la Oficina de Derechos Humanos de la ONU y la Misión de Asistencia de la ONU para Irak (UNAMI) documentó un patrón preocupante de personas que son blanco de ataques por ejercer su derecho legítimo a informar o criticar las acciones del gobierno. autoridades.

“El patrón de represión documentado en este informe es profundamente preocupante, y destaca no solo las amenazas y la intimidación de los críticos, sino también el efecto paralizador que tales acciones pueden tener en otros que buscan transparencia y que las autoridades públicas rindan cuentas”, dijo el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Michelle Bachelet.

Serias preocupaciones

El informe destaca el comportamiento alarmante del personal de seguridad, la aplicación selectiva de las leyes y el incumplimiento de los procedimientos legales pertinentes y las normas internacionales de derechos humanos.

“En los últimos años se ha avanzado hacia una región democrática del Kurdistán en la que se valoren la libertad de expresión y el estado de derecho. Pero las sociedades democráticas necesitan medios de comunicación, activistas y críticos para poder informar sobre temas públicos sin censura ni miedo, y los ciudadanos también tienen derecho a estar informados ”, enfatizó la Sra. Bachelet.

La Representante Especial de la ONU para Irak y directora de la UNAMI, Jeanine Hennis-Plasschaert, agregó que “la transparencia, la rendición de cuentas y la apertura al cuestionamiento son vitales para cualquier democracia saludable”.

Cooperación kurda

El Alto Comisionado y el Representante Especial han expresado su aliento por la cooperación continua entre las autoridades regionales del Kurdistán y sus oficinas, y han señalado que el informe y sus recomendaciones son parte de un diálogo continuo con el Gobierno Regional del Kurdistán para promover los derechos humanos y fomentar la rendición de cuentas para violaciones de derechos y reparación para las víctimas.

Entre sus recomendaciones, el informe insta a las autoridades kurdas a tomar medidas inmediatas para proteger plenamente el derecho a la libertad de expresión y dejar de acosar, intimidar y tomar represalias contra periodistas, defensores de los derechos humanos y activistas.

También pide a las autoridades que no utilicen el derecho penal como herramienta para limitar las libertades y que se abstengan de arrestar o detener a personas que expresen legítimamente su disconformidad o descontento.

Además, las leyes existentes deben enmendarse para proporcionar definiciones claras de expresión prohibida.

Además, todas las restricciones a la libertad de expresión establecidas en la legislación nacional deben ser compatibles con las normas internacionales de derechos humanos pertinentes.





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