El portavoz Rupert Colville dijo a periodistas en Ginebra el viernes que la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos seguía analizando la nueva ley después de que entró en vigencia el miércoles, en relación con el cumplimiento de las obligaciones internacionales de derechos humanos:
“Creo que varios cientos de personas han sido arrestadas desde que comenzaron las protestas el miércoles, creo que lo último que escuché fue que entendimos que 10 de esas personas han sido acusadas bajo la nueva ley, pero no tengo más detalles en este momento sobre la naturaleza de los cargos en este momento y así sucesivamente “.
Agregó que los colegas están “contando de manera muy activa, tratando de obtener ese tipo de detalles y veremos qué tipo de preocupaciones tenemos sobre casos individuales”.
El Sr. Colville señaló las definiciones “vagas y demasiado amplias” de algunos delitos en la nueva ley que había sido adoptada por el Congreso Nacional del Pueblo de China.
“Esto puede conducir a una interpretación y aplicación discriminatoria o arbitraria de la ley, lo que podría socavar la protección de los derechos humanos”, explicó.
Reiterando las preocupaciones sobre las restricciones a la libertad de expresión destacadas por la Alta Comisionada Michelle Bachelet, el funcionario del ACNUDH insistió en que tales leyes “nunca deben usarse para criminalizar la conducta y la expresión que está protegida por el derecho internacional de derechos humanos”.
Principio de legalidad
Los delitos creados en virtud de la nueva legislación de seguridad nacional deben cumplir con el principio de legalidad, que está consagrado en el artículo 15.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, agregó el Sr. Colville.
El desarrollo sigue a una declaración conjunta de docenas de expertos en derechos independientes designados por la ONU alegando la represión de las “libertades fundamentales” de los manifestantes de Hong Kong.
Citando el presunto uso de agentes químicos contra manifestantes, los expertos también alegaron el acoso sexual y el asalto de mujeres manifestantes en las estaciones de policía; junto con el presunto hostigamiento de los trabajadores de la salud.
La ley se redactó sin una consulta significativa con el pueblo de Hong Kong, continuaron, y agregaron que corría el riesgo de socavar el derecho a un juicio justo y podría provocar un “aumento brusco de la detención arbitraria”.
Los expertos independientes no son personal de la ONU ni son pagados por la Organización.
Un país, dos sistemas.
El marco de gobernanza de “un país, dos sistemas” que se introdujo al final del gobierno británico también corría el riesgo de ser socavado, insistieron los expertos, lo que permitió al Gobierno chino establecer “agencias” en Hong Kong “cuando sea necesario”.
Las disposiciones que rigen el delito de “colusión con un país extranjero o con elementos externos para poner en peligro la seguridad nacional” contenidas en el artículo 29 de la nueva ley también son preocupantes, agregó el portavoz del ACNUDH.
“Esto puede llevar a una restricción del espacio cívico y la posibilidad de que los actores de la sociedad civil ejerzan su derecho a participar en los asuntos públicos”, dijo.
“Estas disposiciones también podrían conducir a criminalizar a los defensores y activistas de derechos humanos por el ejercicio de su derecho a la libertad de expresión, asociación y reunión pacífica”.