COVID-19 y la crisis de la deuda que se avecina señalan que en 2019, 25 países, en su mayoría afectados por la pobreza, gastaron una mayor proporción del gasto público en servicios de deuda que en educación, salud y protección social combinados.
“Los costos personales y públicos son enormes, dejando a los niños, sus comunidades y sus países con pocas esperanzas de un desarrollo económico y social sostenible”, dijo la jefa de UNICEF, Henrietta Fore.
Se necesitan esfuerzos globales para proteger el gasto social y, con ello, el derecho de todos los niños a la seguridad social, la educación y los servicios de salud, dice el informe.
“Es poco probable que los niños que viven en países con altos niveles de endeudamiento y recursos limitados para la protección social, la educación y la salud se liberen de la pobreza y las privaciones”, advirtió.
Restricciones de deuda
El informe destaca los países en riesgo con altos niveles de pobreza y los que tienen menos probabilidades de beneficiarse de la política de suspensión de la deuda (DSSI) de las naciones industrializadas del G20, acordada en abril pasado para aliviar la crisis del COVID-19.
En el contexto de que solo uno de cada tres países elegibles ha participado en la iniciativa, el informe reconoce que ha ayudado a mantener el gasto en salud y protección social en los 46 países participantes.
Sin embargo, observa reducciones de gastos en educación, protección infantil, nutrición, saneamiento e higiene.
‘Catástrofe global de la educación’
La crisis de la deuda que se avecina para los países de ingresos bajos y medianos se ve agravada por la pandemia de COVID-19, que amenaza aún más con desplazar el gasto social para los niños.
Antes de la pandemia, los países con los niveles más altos de servicio de la deuda gastaban al menos tres dólares en deuda por cada dólar pagado a servicios sociales esenciales, según el informe.
El jefe de UNICEF atestiguó que la pandemia ha causado “una catástrofe educativa global que necesita urgentemente ser abordada para evitar que la generación COVID-19 se convierta en una generación perdida”.
“Sin embargo, debido a COVID-19 y la carga de la deuda que enfrentan estos países, ya estamos viendo una contracción en los presupuestos de educación en un momento en que los países deben invertir en la mejora de las escuelas y los sistemas educativos”, agregó.
Arquitectura de reestructuración de la deuda internacional
Además, el informe señala que la respuesta global a la crisis de la deuda es demasiado pequeña en comparación con la respuesta fiscal general al COVID 19 y no cubre la deuda con los acreedores comerciales, lo que expone cada vez más a los países de ingresos medios.
“Es imperativo que las agencias internacionales, los acreedores y los gobiernos nacionales actúen juntos para reducir la carga de la deuda y dirigir los ahorros hacia inversiones sociales inclusivas”, dijo la Sra. Fore.
El informe concluye que una nueva arquitectura internacional de reestructuración de la deuda, que incluye un mayor apoyo a los países pobres muy endeudados; mayor transparencia sobre la deuda como parte de los procesos presupuestarios nacionales; y acción coordinada por parte de los acreedores – es crucial para proteger los derechos del niño a raíz del COVID-19.
“El alivio y la reestructuración integral de la deuda son esenciales para garantizar una recuperación que sea a la vez inclusiva y sostenible, de modo que los niños no soporten la doble carga de la reducción de los servicios sociales ahora y el aumento de la deuda en el futuro”, enfatizó.