El informe documenta varios casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía durante manifestaciones generalizadas que comenzaron el 28 de abril y continuaron durante varias semanas.
Las protestas fueron parte de un paro nacional contra las antiguas igualdades económicas y sociales del país, muchas de las cuales se vieron agravadas por la pandemia de COVID-19.
46 muertes verificadas
Durante el período del 28 de abril al 31 de julio, la oficina del ACNUDH en Colombia recibió más de 60 denuncias de muertes en el contexto de las protestas. Hasta el momento se ha verificado la muerte de 46 personas: 44 civiles y dos policías. La mayoría de las muertes documentadas, el 76%, se debieron a heridas de bala.
La oficina de Colombia realizó más de 620 entrevistas con víctimas y testigos, y examinó 83 videos, incluidas imágenes de teléfonos móviles de las protestas e incidentes relacionados. El personal también celebró unas 878 reuniones con funcionarios gubernamentales, representantes de la sociedad civil y manifestantes.
Con base en este análisis, hay motivos razonables para creer que los agentes de policía fueron responsables de al menos 28 de las muertes, según el informe, con miembros del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la Policía Nacional involucrados en al menos 10.
Se cree que agentes no estatales han matado a 10 personas, mientras que no hay información suficiente para determinar los posibles autores de ocho muertes más.
También se incluyen en el informe unos 60 casos denunciados de violencia sexual presuntamente cometidos por la policía. Hasta el momento, el ACNUDH ha verificado 16.
Uso desproporcionado de la fuerza
El informe detalla casos de uso innecesario o desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía, especialmente miembros de ESMAD, para dispersar protestas pacíficas y bloqueos. Personas armadas también atacaron y dispararon contra manifestantes sin la intervención de las fuerzas de seguridad.
El ACNUDH subrayó la importancia de que los agentes del orden respeten principios como la legalidad, la precaución y la necesidad, al vigilar las manifestaciones, y que las armas de fuego solo se utilicen como último recurso cuando haya una amenaza inminente para la vida o una lesión grave.
Todos los presuntamente implicados en causar lesiones o la muerte, incluidos los funcionarios del Estado, deben afrontar investigaciones inmediatas, independientes, imparciales y transparentes, mientras que a las víctimas se les debe garantizar el derecho a una reparación integral. Se han acogido con satisfacción las medidas adoptadas hasta ahora para la investigación y el enjuiciamiento, según el informe.
Proteger los derechos humanos
El informe también destacó la responsabilidad del Estado de proteger los derechos humanos sin discriminación y la obligación de facilitar el derecho de reunión pacífica de las personas, concluyendo que Colombia no logró mantener un entorno seguro para los manifestantes en varias ocasiones.
Otra preocupación era el grado en que los manifestantes eran criminalizados y estigmatizados, incluso por los medios que los vinculaban con actos de vandalismo o incluso alegando actos de terrorismo, dijo el ACNUDH. Los defensores de los derechos humanos y los periodistas también fueron atacados durante las protestas.
El informe también documenta la violencia y los daños de algunos manifestantes y otras personas, que el ACNUDH ha condenado sistemáticamente, aunque señaló que la mayoría de las protestas fueron pacíficas.
Lecciones aprendidas
Asimismo, detalla las áreas en las que se han realizado avances en las investigaciones sobre presuntas violaciones de derechos humanos y acoge con satisfacción la tolerancia cero declarada por el Gobierno colombiano de las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad.
En las lecciones aprendidas se recomienda a las autoridades que actúen para garantizar que los encargados de la gestión de las protestas, en particular la Policía Nacional, solo recurran a medidas de dispersión estrictamente en consonancia con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
Tomando nota de las propuestas de reforma del Gobierno, el informe insta a un amplio debate nacional sobre la reforma policial, incluida la posible transferencia de la fuerza del Ministerio de Defensa al control civil y la mejora de los mecanismos de supervisión y rendición de cuentas internos.