En la decisión, el El Comité solicitó a Venezuela que declare nulo el proceso penal contra Allan Brewer Caríasy que se le conceda una indemnización adecuada. Asimismo, instó al Estado a tomar medidas para prevenir la repetición de tales violaciones.
El Sr. Carías vive en Estados Unidos desde 2005, sin poder regresar a su país por temor a ser arrestado y detenido.
Un caso de 19 años
El jurista fue procesado en 2005 por su presunta participación en la redacción del denominado “Decreto Carmona”.
Este decreto ordenó el establecimiento de un gobierno de transición después de un golpe de Estado en Venezuela en abril de 2002, que vio al difunto presidente Hugo Chávez destituido de su cargo durante 47 horas, antes de que recuperara el poder.
Según el señor Carías, recibió una llamada en la madrugada del 12 de abril de 2002 de Pedro Carmona Estanga, el líder opositor instalado por los militares, quien solicitó su dictamen legal urgente.
El señor Carías dijo que lo llevaron al complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas, donde le mostraron el proyecto de decreto, con el cual discrepó totalmente y no participó en la redacción.
En enero de 2005 fue acusado de “conspiración para alterar la Constitución por medios violentos” por su participación en la “discusión, elaboración, redacción y presentación” del decreto.
Durante los procesos penales de los meses siguientes, según el señor Carías, todos los fiscales y jueces involucrados en su caso fueron nombramientos temporales del Gobierno.
El jurista salió de Venezuela rumbo a Estados Unidos en septiembre de 2005.
En junio de 2006, el juez de supervisión provisional dictó acusación contra él y ordenó que fuera puesto en prisión preventiva.
Tras repetidos e infructuosos intentos de impugnar su acusación, anunció que no regresaría a Venezuela hasta que se garantizara su derecho al debido proceso.
Caso internacional
El señor Carías presentó su denuncia ante el Comité de Derechos Humanos en diciembre de 2016.
De la información proporcionada por el jurista, el Comité concluyó que el señor Carías no tenía derecho a ser juzgado por un tribunal independiente, en violación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
En un comunicado, el miembro del Comité Carlos Gómez Martínez dijo que “Las autoridades judiciales deben poder trabajar de forma independiente y libre de interferencias o influencias indebidas de las agencias ejecutivas.. “
“Es de extrema importancia para el Comité que el derecho a ser juzgado por un tribunal independiente abarque la independencia de los fiscales”, agregó.