El campo de detención, ubicado dentro de una base naval estadounidense en la isla, se estableció en 2002 para albergar a los prisioneros capturados en Afganistán, y en su punto máximo albergó a unas 780 personas, la mayoría de las cuales fueron detenidas sin juicio.
De los 39 detenidos que aún se encuentran en Guantánamo, solo nueve han sido acusados o condenados por delitos. Entre 2002 y 2021, nueve detenidos murieron bajo custodia, dos por causas naturales y siete supuestamente se suicidaron. Ninguno había sido acusado o condenado por un delito.
En un comunicado difundido el lunes coincidiendo con el 20 aniversario de la instalación, los expertos pidieron a EE.UU., miembro recién elegido del Consejo, cerrar Guantánamo, y declararon que dos décadas de “practicar detenciones arbitrarias sin juicio acompañadas de tortura o los malos tratos son simplemente inaceptables para cualquier gobierno, en particular para un gobierno que tiene el derecho declarado de proteger los derechos humanos”.
‘Sitio de notoriedad sin igual’
“A pesar de la condena enérgica, repetida e inequívoca de la operación de este horrible complejo de detención y prisión con sus procesos judiciales asociados, Estados Unidos continúa deteniendo a personas, muchas de las cuales nunca han sido acusadas de ningún delito”, dijeron los expertos.
“La Bahía de Guantánamo es un sitio de inigualable notoriedad, definido por el uso sistemático de la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes contra cientos de hombres traídos al lugar y privados de sus derechos más fundamentales”, agregaron, para luego describir la instalación como símbolo de una falta sistemática de rendición de cuentas por la tortura y los malos tratos patrocinados por el Estado y la impunidad otorgada a los responsables.
Envejecimiento de la población
A medida que los detenidos restantes envejecen, su salud se deteriora y, según los informes, el Departamento de Defensa de EE. UU. solicitó un presupuesto de alrededor de $ 88 millones para construir un hospicio.
El nivel de asistencia médica y tratamiento de rehabilitación de la tortura disponible para los prisioneros es, dicen los expertos, inadecuado, a pesar de ser requerido por el derecho internacional.
Los expertos pidieron a EE. UU. que cierre el sitio, devuelva a los detenidos a casa o a terceros países seguros, respetando el principio de no devolución, lo que significa que no pueden ser enviados a un país en el que puedan ser objeto de persecución.
También pidieron que se hicieran reparaciones a los presos torturados y detenidos arbitrariamente, y que aquellos que autorizaron y cometieran torturas rindieran cuentas, como exige el derecho internacional.
Retrasos en las fechas de corte de una década
Desde la apertura del centro de detención en 2002, se informa que solo 12 detenidos han sido acusados y solo dos condenados por Comisiones Militares.
El juicio de los cinco acusados de participar directamente en el complot de 2001 que desembocó en el secuestro de aviones que se estrellaron contra las Torres Gemelas de Nueva York y el Pentágono aún no ha comenzado.
Las audiencias previas al juicio sobre mociones para suprimir pruebas de tortura están entrando ahora en su décimo año. En su declaración, los expertos expresan su profunda preocupación por estos retrasos. “Resaltamos en particular las fallas del sistema judicial de los Estados Unidos para desempeñar un papel significativo en la protección de los derechos humanos, la defensa del estado de derecho y permitir que prospere un agujero negro legal en Guantánamo con su aparente aprobación y apoyo”, declaran.
Los expertos elogiaron a los abogados defensores de los detenidos que han “luchado para proteger el estado de derecho e identificado las fallas persistentes en materia de derechos humanos en el funcionamiento diario de las Comisiones” que, dicen, continúan violando los requisitos de imparcialidad, independencia y no discriminación y nunca deberían haberse utilizado en la forma en que se desplegaron en Guantánamo.
Los relatores especiales y los expertos independientes son designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU con sede en Ginebra para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de un país. Los cargos son honorarios, y los expertos no son remunerados por su trabajo.