“Estamos profundamente consternados por el uso excesivo e ilegal de la fuerza por parte de la policía y miembros del ESMAD (Escuadrón Móvil Antidisturbios) contra manifestantes pacíficos, defensores de derechos humanos y periodistas en Colombia”, dijeron el viernes.
Informes de asesinatos, violencia sexual, tortura
Las protestas, que comenzaron el 28 de abril con una huelga general por las reformas fiscales propuestas, continuaron a pesar del anuncio del Gobierno el 2 de mayo de que se retiraría el proyecto de ley de reforma.
Los expertos han recibido informes que incluyen al menos 26 asesinatos, la mayoría de jóvenes; más de 1.870 casos de violencia policial, unas 168 desapariciones, 963 presuntas detenciones arbitrarias.
También se reportaron al menos 12 casos de violencia sexual, así como denuncias de tortura, y cerca de 70 agresiones contra defensores de derechos humanos.
Ataques contra pueblos indígenas
Expresaron preocupación por la participación de los militares en la respuesta del Gobierno y se alarmaron por los informes de ataques violentos contra los indígenas Minga en la ciudad de Cali.
“Rechazamos cualquier intento de acusar a los pueblos indígenas de participar con armas en las protestas pacíficas. Además, hacemos un llamado a las autoridades para que tomen medidas para evitar la propagación de la estigmatización contra los manifestantes ”, dijeron.
Con respecto a los informes de represión a los medios, incluida la censura, las restricciones de Internet, así como los ataques y el hostigamiento a periodistas, instaron a las autoridades a “respetar la libertad de expresión y prensa, y garantizar que los periodistas puedan cubrir las titulares.ar" 3169 target="_self">noticias con seguridad”.
Los expertos enfatizaron además que el uso de fuerza potencialmente letal es una medida extrema y aplicable solo cuando es estrictamente necesario para proteger la vida o prevenir lesiones graves por una amenaza inminente.
Investigación y prevención
Pidieron a las autoridades que lleven a cabo “investigaciones exhaustivas, rápidas, efectivas, imparciales e independientes” de todas las presuntas violaciones de derechos humanos y que hagan rendir cuentas a los responsables. También instaron al Gobierno a revelar el paradero de todas las personas detenidas.
Los expertos dijeron que han tenido un compromiso reciente con el Gobierno. Instaron a las autoridades a respetar el derecho de reunión pacífica durante futuras protestas y a garantizar que la fuerza se utilice únicamente de conformidad con los principios de precaución, necesidad y proporcionalidad.
Papel de los expertos en derechos
Los 16 expertos independientes de la ONU, que emitieron la declaración junto con dos relatores especiales de la OEA, fueron designados por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra.
Sirven a título individual y no son personal de las Naciones Unidas ni son remunerados por la Organización.