En una declaración para conmemorar el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de la Tortura el sábado, tres expertos independientes designados por el Consejo de Derechos Humanos insistieron en que “las personas que han soportado la terrible experiencia de la tortura … tienen el derecho exigible a una indemnización justa y adecuada”, incluida la rehabilitación. .
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Sostuvieron que la Convención contra la Tortura (CAT) prevé reparaciones por flagrantes violaciones a los derechos humanos y restablece la dignidad.
“Es particularmente importante que los gobiernos respeten y defiendan el derecho a la reparación”, dijeron, y agregaron que las autoridades deben garantizar que los médicos y otros profesionales que tratan a las víctimas de tortura puedan realizar su trabajo sin obstáculos.
Las mismas garantías también deben darse a las organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos para que puedan realizar la labor vital de documentar la tortura y apoyar la rehabilitación de las víctimas, dijeron los expertos en derechos.
El término “rehabilitación” incluye el tratamiento médico psicológico, social y otros tratamientos especializados pertinentes.
Represalias de combate
Los expertos de la ONU advirtieron en 2012 que las víctimas de tortura enfrentan represalias por quejarse o cooperar con la ONU.
“Desde entonces ha aumentado la tendencia a las represalias denunciadas y la severidad contra personas y grupos específicamente por comprometerse con la ONU”, atestiguaron.
El CAT, el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y el Relator Especial sobre la Tortura han adoptado medidas para abordar las represalias y las represalias contra las organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la tortura y ayudan a las víctimas.
Espacio cívico ‘vital’
El año pasado, el Secretario General António Guterres adoptó un Llamado a la Acción por los Derechos Humanos que hace del espacio cívico un área prioritaria y emitió la Nota de Orientación de la ONU: Protección y Promoción del Espacio Cívico.
En su declaración, los expertos abogaron por el espacio cívico como “vital” para prevenir y combatir la tortura y salvaguardar los derechos de quienes han sido perseguidos y maltratados.
“Instamos a los Estados a que mantengan la prohibición absoluta y universal contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y a que permitan un entorno propicio para la reparación y rehabilitación de las víctimas de la tortura y para que la sociedad civil opere libremente”, dijeron. .
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU nombra relatores especiales y expertos independientes para examinar e informar sobre un tema específico de derechos humanos o la situación de un país. No son personal de la ONU ni se les paga por su trabajo.
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