El martes, el consejo de 47 miembros adoptó una resolución, presentada por Gran Bretaña en nombre de un grupo de países, para impulsar a la jefa de derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, al personal y los poderes, con miras a futuros enjuiciamientos.
22 países votaron a favor del texto, 11 se opusieron y 14 se abstuvieron, incluidos los vecinos de Sri Lanka, India y Nepal y la mayoría de los países de mayoría musulmana, excepto Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán, que votaron en contra de la moción.
‘Situación de deterioro’
En la resolución, el Consejo de Derechos Humanos expresó “profunda preocupación” por el “deterioro de la situación” en Sri Lanka y criticó la erosión de la independencia judicial, la marginación de las minorías y la impunidad.
El texto señaló las tendencias que surgieron durante el año pasado, que según Elisabeth Tichy-Fisslberger, hablando en nombre de la Unión Europea, representan claras “señales de alerta temprana del deterioro de la situación de los derechos humanos en Sri Lanka”.
En sus comentarios introductorios, el Representante del Reino Unido ante la ONU en Ginebra, Julian Braithwaite, advirtió sobre tendencias que “amenazan con revertir los limitados logros alcanzados en los últimos años y arriesgan la recurrencia de políticas y prácticas que dieron lugar a graves violaciones del pasado. “
Tichy-Fisslberger destacó la “militarización acelerada de las funciones del gobierno civil,” la erosión de la independencia del poder judicial “y la” mayor marginación “de las minorías tamil y musulmanas, que se ha” exacerbado “por la respuesta de la isla al COVID-19. pandemia, como la presunta prevención de que los musulmanes y los miembros de otras religiones practiquen sus propios ritos funerarios religiosos.
Reforma de la ley de terrorismo
La resolución también pidió al gobierno de Sri Lanka que revise la ley sobre la prevención del terrorismo que, según han advertido los grupos de derechos humanos, se está utilizando como arma contra disidentes y minorías en el país.
Según la PTA, se permite detener a cualquier persona sospechosa de causar “actos de violencia o discordia religiosa, racial o comunitaria”.
El representante de Filipinas, Evan P. García, dijo que el texto fue “impulsado por generalizaciones simplistas de condiciones complejas en el terreno”, mientras que el portavoz de Pakistán, Khalil-ur-Rahman Hashmi argumentó que el proyecto de resolución “no reconoce la larga lucha de el pueblo y el gobierno de Sri Lanka contra los LTTE (Liberation Tigers of Tamil Eelam) ”, y“ evita un llamado a la rendición de cuentas de los LTTE y sus patrocinadores y financistas ”.
El embajador de Sri Lanka, CA Chandraprema, rechazó el texto por “inútil y divisivo”. Argumentó que “polarizaría la sociedad de Sri Lanka y afectaría negativamente el desarrollo económico, la paz y la armonía”.