Al menos 55 personas murieron y muchas otras resultaron heridas en los ataques durante la noche del lunes, que tuvieron como objetivo campamentos que albergan a desplazados internos cerca de las ciudades de Boga en el territorio de Irumu, provincia de Ituri y Tchabi, provincia de Kivu del Norte.
Fueron realizados por presuntos miembros del grupo armado Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF).
Una Fuerza de Reacción Rápida de la misión de la ONU en la República Democrática del Congo, conocida como MONUSCO, fue desplegada en el área, y el personal de mantenimiento de la paz también ayudó a los heridos, incluso con evacuaciones médicas.
Pedir justicia
El jefe de la ONU ha condenado enérgicamente los ataques, según un comunicado emitido este martes por su portavoz, Stéphane Dujarric.
“El Secretario General expresa su más sentido pésame a las familias de las víctimas y desea una pronta recuperación a los heridos”, dijo.
“Pide a las autoridades congoleñas que investiguen estos incidentes y lleven a los responsables ante la justicia”.
El Secretario General también subrayó el continuo apoyo de la ONU al gobierno y al pueblo congoleños en sus esfuerzos por lograr la paz y la estabilidad en el este.
Una ‘situación trágica’
Las dos aldeas que fueron atacadas están ubicadas en la frontera entre las provincias de Ituri y Kivu del Norte, en un área donde se sabe que las ADF están activas, según informes de los medios. Las fuerzas congoleñas han estado luchando contra el grupo durante décadas.
El principal funcionario humanitario de la ONU en el país, David McLachlan-Karr, quien también condenó los ataques, señaló que se incendiaron casas y se secuestró a civiles.
Dijo que esta “situación trágica” siguió al saqueo el viernes pasado de una instalación perteneciente a un socio humanitario en el territorio de Djugu, provincia de Ituri, lo que provocó la suspensión temporal de sus operaciones en la zona.
“Estos ataques son inaceptables”, dijo McLachlan-Karr en un comunicado el martes.
“Las partes en el conflicto deben proteger a la población civil y estos crímenes no deben quedar impunes. Las comunidades, que ya son muy vulnerables, deben poder vivir en paz dondequiera que estén y regresar a sus hogares en condiciones de seguridad ”.